Uno
más de los ataques del gobierno fascista del PP es la reforma del código penal,
fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado Septiembre. Queda tiempo aún
para pararla, pero la agenda nos viene marcada por la inmediatez y la
diversidad de las luchas.
El
anteproyecto presentado supondrá un
importante retroceso en las libertades y derechos sociales. Entre ellos la
criminalización de la protesta social pacífica, la implantación de cadena
perpetua revisable o prestar ayuda
humanitaria a personas sin documentación será delito con pena de prisión de
hasta dos años, entre otros abusos.
Esta
reforma se enmarca dentro de la ofensiva de este gobierno contra la autonomía
de las mujeres, de claro calado machista, vulnera y deja todavía más indefensas
a las víctimas de violencia de género. Se une a la reforma de la conocida como
“ley del aborto”. A éstas modificaciones seguirán otras si no lo evitamos entre todas.
Estos
aspectos desde la perspectiva feminista son menos conocidos y por ello quiero
recogerlos:
En
primer lugar la supresión del concepto
de violencia de género del código penal, que supone una mayor
invisibilización del problema, generando confusiones legales e inseguridad
jurídica para las víctimas de violencia machista.
Las denuncias por acoso tan solo las podrá
interceder la víctima, dejando estas actuaciones en el ámbito de lo privado
y a los agresores impunes. Dado el bajo porcentaje de mujeres que denuncian, la
mayoría quedan en la indefensión. Muestra una nula consciencia y conocimiento
del alcance de estos abusos, sin embargo es una reforma que pretende ocultar
una lacra social y sumirnos aún más en la injusticia patriarcal.
Deja de ser agravante la agresión a la
mujer en presencia de hijos e hijas. Sin importar, esta vez, el
interés superior del menor, que tanto
pretenden proteger con la custodia compartida impuesta, sin entender que la
violencia contra las mujeres se hace extensiva al resto de la familia y también
es sufrida por las menores.
A su
vez el incumplimiento de las responsabilidades
familiares dejará de ser delito y se juzgará por la vía civil, siendo ésta
más costosa y menos disuasoria. Otro ejemplo más del verdadero interés que
tiene la derecha en el bienestar de las familias y menores.
Se
vulneraría la Ley Integral Contra la Violencia de Género de 2004 al introducir la mediación como nueva medida
para condicionar la suspensión de la ejecución de la pena. La mediación en
un contexto de violencia no es posible porque no se da en igualdad de
condiciones, y por supuesto que en una relación de maltrato las mujeres parten
con desventaja siempre.
Uno
de los puntos que se suele destacar en los medios como es la manipulación de los dispositivos
electrónicos de seguimiento de los agresores se tipifica bajo pena de multa y a través de juzgados
de instrucción y no de violencia de género.
Las lesiones pasan a tipificarse como
delitos leves, así como las amenazas y coacciones a la
mujer. Pasando a considerarse parte del ámbito privado, desligándolas del
carácter social y estructural del patriarcado.
Se cambiará la posibilidad de cárcel en casos
en los que hoy se da, por multa. La Ley de Violencia de Género
vigente recoge expresamente que ninguna pena de prisión puede ser sustituida
por una pena de multa, porque en última instancia puede recaer sobre las
víctimas que sean dependientes económicamente.
Contempla como atenuantes
el alcohol y el hecho de que después de haber asesinado a la pareja vaya a la
Guardia Civil a entregarse.
Por
todos estos cambios la protesta contra dicha reforma ha de ser conjunta, no
podemos permitir tal avance del Estado policial, misógino, machista y racista.
Permitir estas modificaciones supone un duro golpe a las conquistas sociales y
a los avances por la igualdad y contra la violencia patriarcal en su vertiente
más cruda y visible.
